El Colegio de Economistas de Castellón ha participado en la novena edición del Congreso Profesional del Mediterráneo en Benidorm, que ha sido organizado por nueve colegios de la Comunitat Valenciana y Murcia. “Hemos abordado el impacto la Ley Concursal de 2022, una reforma estructural de calado del sistema de insolvencia, que quiere ayudar a mantener el tejido empresarial de las empresas que aunque tienen dificultades pueden ser viables”, destaca el decano presidente de los Economistas de Castelló, José Manuel Salvador.
La jornada ha contado con la participación de 25 especialistas del ámbito universitario, judicatura y empresarial, entre otros, magistrados de juzgados de Castellón, València, Alicante y Murcia, que han reflexionado de la gestión empresarial, el impacto de la Ley Concursal y las resoluciones de las Audiencias Provinciales, la segunda oportunidad.
El decano presidente del colegio de Castellón ha explicado que todos los jueces han coincidido en destacar que el 98% de los concursos que se presentan ahora corresponden a personas físicas, mientras la mayor parte de los jurídicos van encaminadas a la venta de la unidad productiva.
José Manuel Salvador ha resaltado los análisis en el congreso sobre la reforma de 2022. “Tenía como objetivos el favorecer la segunda oportunidad, crear un procedimiento concursal eficiente, impulsar planes de reestructuración partiendo de una doble premisa; la viabilidad de la empresa y evitar el concurso”, subraya Salvador, que resalta que contempla un método especial “para las microempresas con el objeto último de mantener la actividad empresarial”.
Así, ante el incremento de los concursos de persona, el congreso ha debatido sobre la segunda oportunidad “como una vía para que las personas y autónomos en dificultades puedan reestructurar y cancelar sus deudas”.
La cita también ha tratado la problemática de los concursos sin masa, que se configuran como un instrumento legal “que facilita el cierre ordenado y la salida del tráfico jurídico y mercantil de las pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer frente a sus deudas y carecen de bienes”, ha continuado el presidente del Colegio de Economistas.
Otro de los temas se ha enfocado en la venta de la unidad productiva y se ha indicado que existe la posibilidad de solicitar al juzgado competente el nombramiento de un experto que recabe ofertas de terceros para la adquisición, con pago al contado, de una o de varias unidades productivas de que sea titular el solicitante, aunque hubieran cesado en la actividad.
Asimismo, Salvador ha mencionado la ponencia sobre los planes de reestructuración tras dos años de reforma concursal. “Se ha visto si las empresas en situación de probabilidad de insolvencias están acudiendo a los planes de reestructuración como un mecanismo que evite tener que instar el concurso de acreedores o en el caso de que se llegue al concurso evitar la liquidación de las compañías.
El presidente decano ha aseverado que otra mesa ha versado sobre la derivación de responsabilidad de los administradores concursales y societarios, por la que la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social envía las deudas de las empresas a sus administradores “cuando puede demostrar que la falta de pago del deudor principal ha sido causada por estos o han sido colaboradores necesarios”.
Otra novedad en la novena edición del congreso, ha agregado Salvador, ha sido la mesa sobre sostenibilidad y empresa, que ha debatido de los principales retos para avanzar hacia una gobernanza empresarial más sostenible.
El congreso finalizó con un análisis sobre la repercusión de la Dana de València en las empresas y sociedad.