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Etiqueta: Justicia

  • Manuela Carmena disertará sobre “cómo la justicia debe cuidar la democracia”

    Se trata, sin duda, de uno de los temas de mayor actualidad, y no siempre sale bien parada «la justicia»

    La abogada laboralista, magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, participará este jueves 20 de febrero de una nueva charla coloquio organizada por la Plataforma “Castelló por la Justicia y contra la Corrupción”. Carmena, que también fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, comenzó actuando como letrada laboralista y defendiendo a personas perseguidas por el entonces Tribunal de Orden Público. Ya como jueza comenzó su carrera en Canarias, siendo una de las fundadoras de la asociación Jueces para la Democracia. Antes de ser magistrada perteneció al colectivo de abogados masacrados por la ultraderecha en el salvaje atentado en 1977 de la calle Atocha.

    Su disertación tendrá lugar en el salón de actos del Instituto Ribalta de Castellón a las 19,00 horas, un emblemático auditorio castellonense. El titulo escogido para su conferencia es el de “Cómo la justicia debe cuidar la democracia”.

    Premio Nacional de los Derechos Humanos, fue presidenta relatora del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, visitando inmersa en ese cometido países como Colombia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Nicaragua y Sudáfrica, entre otros.

    Hace algunos años, decidió abandonar la jubilación para fundar Yayos Emprendedores, empresa comercializadora de creaciones realizadas por presos que no reparte beneficios y destina todos sus ingresos a los sueldos de reclusos adscritos a dicho proyecto social. Posteriormente esta empresa social se convirtió en “Cosiendo el paro”.

    En 2015 se presentó como candidata por Ahora Madrid, siendo proclamada alcaldesa de Madrid. Su mandato duró una legislatura; posteriormente, abandonaría la política activa. Sus publicaciones más recientes son “A los que vienen”, “Cuentos para soñar un mundo mejor” y “La joven política”.

    Radio Nacional de España (Radio 5) transmite semanalmente un programa divulgativo titulado “Máster en justicia” dirigido por ella. También TVE emitió recientemente una serie de cinco capítulos, “Abogadas”, basada en hechos reales de la transición española, en el que uno de los cuatro personajes femeninos está basado en los inicios como abogada de la propia Carmena.

  • El Gobierno Municipal también se hace eco de la legalidad de la Cruz de Ribalta

    El concejal portavoz recuerda que “es la segunda vez que la Justicia dice lo que siempre hemos defendido y mantenido desde el actual equipo de gobierno”

    El edil insiste en que “tal y como recoge el punto 70 del acuerdo de gobierno del Partido Popular y Vox, vamos a trabajar para ubicar en un lugar relevante de la ciudad, una escultura o un monumento, que recupere y honre la memoria y mantenga el recuerdo a las víctimas de la violencia”

    El concejal portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, se ha referido esta mañana a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que se apunta a que las cruces resignificadas, que no contienen textos ni inscripciones, no deben de constar dentro del catálogo de vestigios del franquismo y no aplica la Ley de Memoria Histórica. De este modo, la sala 4ª del TSJCV recoge en su sentencia que “la resignificación de algunos elementos–cruces ha supuesto la desaparición de la connotación que sí pudo haber tenido en sus orígenes”.

    Para Sales el texto “va en total sintonía con la postura del gobierno municipal de la ciudad de Castellón y, en el caso que atañe a nuestra ciudad, con los argumentos y la postura que hemos mantenido durante la polémica retirada de la Cruz del Ribalta. Y esta es la segunda vez que la Justicia dice lo que siempre hemos defendido y mantenido desde el actual equipo de gobierno y desde 2018”.

    El edil ha reiterado que “la Cruz del Ribalta no era un vestigio franquista porque fue resignificada por el primer Ayuntamiento democrático de la ciudad de Castellón en 1979, tal y como siempre hemos mantenido por lo que estaba claro que no era de aplicación la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, quedaba claro que no había ninguna exaltación de la dictadura ni de ninguno de los bandos en la Guerra Civil”.

    “Esto es algo que, acaba de dejar claro el TSJCV, y que ratifica lo que llevamos mucho tiempo también manteniendo y que es que el traslado de esta cruz respondía exclusivamente a un abuso de poder y a una decisión totalmente unilateral y arbitraria por parte del anterior equipo de gobierno municipal formado por PSOE y Compromís”, ha recalcado Sales.

    El concejal ha querido también subrayar que “tal y como recoge el  punto 70 del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox, vamos a trabajar para ubicar en un lugar relevante de la ciudad una escultura o un monumento que recupere y honre la memoria y recuerdo a las víctimas de la violencia. Esto fue también lo que se logró precisamente, y tal y como como ha quedado demostrado con esta sentencia del TSJCV, con el acuerdo municipal en 1979 que sirvió para resignificar la cruz que estuvo en el Ribalta y ahora está frente a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva”.

  • La Justicia de la razón a Abogados Cristianos y considera que las cruces resignificadas o sin inscripciones no incumplen la Ley de Memoria Histórica

    La sentencia pide excluir del catálogo, entre otras, la cruz del Parque Ribalta de Castellón, la Cruz de las Germanías de Elche o la cruz de Morella. 

    Abogados Cristianos anuncia que van a solicitar la revisión de todas las sentencias que han avalado el derribo de cruces en la Comunidad Valenciana, como la de Callosa, entre otras.

    La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “esta sentencia es un espaldarazo a nuestra defensa de las cruces en España. No vamos a permitir ni un derribo más e iniciaremos procedimientos para que regresen a sus emplazamientos todas las cruces derribadas hasta ahora de forma ilegal”.

    El Tribunal Superior de Justicia de Valencia da la razón a la Fundación Española de Abogados Cristianos y sentencia que las cruces que hayan sido resignificadas o que carezcan de inscripción no pueden ser incluidas en el catálogo de vestigios de la Comunidad Valenciana.

    Menciona expresamente algunas cruces como la cruz del Parque Ribalta de Castellón, la cruz de las Germanías de Elche, la cruz de Herbés, de Morella o la de la Avenida Doctor Gadea de Alicante.

    Dice la sala cuarta del Tribunal en su sentencia que “la resignificación de algunos elementos–cruces ha supuesto la desaparición de la connotación que sí pudo haber tenido en sus orígenes […]. Es por ello que no se ajusta a derecho su inclusión en el Catálogo y, en consecuencia, se impone su anulación. En este grupo procede incluir a las cruces que carecen de texto u expresión alguna alineada con la conmemoración, exaltación o enaltecimiento de referencia”.

    Abogados Cristianos anuncia que van a solicitar la revisión de todas las sentencias que han avalado el derribo de cruces en la Comunidad Valenciana, como la de Callosa, entre otras.

    Su presidenta, Polonia Castellanos, asegura que “esta sentencia es un espaldarazo a nuestra defensa de las cruces en España. No vamos a permitir ni un derribo más e iniciaremos procedimientos para que regresen a sus emplazamientos todas las cruces derribadas hasta ahora”.

  • Sergio Toledo exige que “José Luis López, Patricia Puerta y Amparo Marco pidan perdón por sus mentiras”

    Para el portavoz popular “las mentiras y el juego sucio habitual del PSOE son la verdadera ‘máquina del fango’ que entorpece y pone en riesgo la democracia en nuestro país”

    El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha comentado que “después del nuevo varapalo judicial que el Grupo Municipal del PSOE recibió con el archivo de su denuncia en el caso de las pintadas, todavía estamos esperando las disculpas de los socialistas al respecto”.

    Toledo ha exigido “una rectificación pública tanto de José Luis López, como de la actual portavoz Patricia Puerta y la que fuera candidata socialista a la alcaldía en la pasada campaña, Amparo Marco. Que pidan perdón por esta denuncia, basada en mentiras, que no se sostenía por ningún lado, y que tanto la Fiscalía como el Juez, rechazaron por falta de pruebas”.

    “Queremos que pidan perdón tanto al Grupo Popular, como también a la sociedad de Castellón, por mentir y hacer perder el tiempo a la Justicia, cuando hay miles de expedientes pendientes y casos que afectan de manera directa a la ciudadanía”, ha dicho Toledo.

    El concejal popular ha afirmado que “es muy grave lo que ayer se pudo confirmar: que los socialistas sólo tenían como objetivo de influir y manipular la opinión pública a pocos días de las elecciones municipales y que no había ningún motivo para la denuncia”.

    Para Toledo “el estilo de ‘denuncias fake’ que utilizan los socialistas tiene la intención de confundir y de emponzoñar la política. Unas técnicas de manipulación que han cobrado fuerza desde hace ya algún tiempo y que tiene como objetivo el desprestigio político del adversario a toda costa”.

    Toledo ha declarado que “las mentiras y el juego sucio habitual del PSOE son la verdadera ‘máquina del fango’ que entorpece y pone en riesgo la democracia en nuestro país”.

  • López (PSOE): El auto del juez constata la campaña de vejaciones contra el PSOE en el caso Corrupsoe aunque decide archivar el caso al no poder identificar al autor o autores

    López considera “inaceptable” que para el gobierno PPVox “limpiar las pintadas de ‘Ortolá caraculo’ sí tengan un coste económico de más de 70.000 euros y las que afectaban al PSOE, muchas de ellas aún presentes en las calles de la ciudad, no supusiesen ningún gasto al estar incluidas, según dicen, en el contrato de limpieza del consistorio”

    En la investigación judicial se analizó la presencia de una furgoneta negra por su posible vinculación a los hechos, vehículo que, tras las pesquisas de la Policía Nacional, se determinó que fue alquilado por el actual concejal de Movilidad del PP, Cristian Ramírez

    El auto del Juzgado de Instrucción 4 de Castelló, que ha decidido el sobreseimiento de la causa por la campaña de pintadas contra el Partido Socialista durante el año 2023, “confirma que las expresiones ‘Corrupsoe’ y ‘GOLPSOE de Estado’ tenían un contenido vejatorio”, si bien considera que “no es discriminatorio ni contiene carga que incite directa o indirectamente a la realización de actos violentos hacia ningún colectivo”.

    José Luis López, vicesecretario y adjunto al área de Organización del Partido Socialista de Castelló, considera que “queda constatada la tóxica campaña que sufrió durante meses el PSOE, con vejaciones por toda la ciudad, pero al final el juzgado ha decidido que no es un discurso de odio y que no se ha podido identificar al autor o autores de los hechos”.

    López, sobre todo este procedimiento, señala que “nos ha servido también para constatar una realidad: que el Partido Popular se cree que el ayuntamiento es suyo, porque nos parece lamentable que decidiesen no personarse en la causa, pese a los daños en el patrimonio de todos los y las castellonenses”.

    Esta realidad contrasta con hechos similares, como las pintadas de ‘Ortolá caraculo’ que han aparecido por la ciudad durante los últimos meses. “Que desde el gobierno municipal PPVox digan, por un lado, que limpiar las frases contra el PSOE estaba dentro del contrato municipal de limpieza, por lo que no tenían sobrecoste, pero por otro lado hayan valorado en más de 70.000 euros el borrado de las dirigidas a Ortolá nos muestra la doble vara de medir del gobierno de Begoña Carrasco”, lamenta José Luis López.

    El mobiliario urbano de Castelló, tal y como señala el dirigente socialista, “se vio seriamente afectado por estas pintadas, pero parece que al ayuntamiento de Carrasco no le importa que haya tenido un coste económico que ha afectado a toda la ciudadanía”.

    Sobre la investigación del juzgado, José Luis López recuerda que en el procedimiento se analizó la presencia de una furgoneta negra junto a varias de las pintadas. La investigación de la Policía Nacional determinó que le vehículo estaba alquilado por el actual concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que en la época de las pintadas formaba parte de la candidatura del Partido Popular. No obstante, el juzgado no ha podido confirmar la autoría de las pintadas.

    Pese a este sobreseimiento de los hechos, José Luis López insiste en que “toda la ciudadanía pudo constatar, en los meses previos a las elecciones municipales de 2023, “la infame campaña que se realizó contra el Partido Socialista en Castelló, con la aparición de frases vejatorias por toda la provincia que, sin duda, alteraron la limpieza y respeto que se le supone a cualquier campaña electoral”.

  • El Juzgado archiva la causa en la que el grupo socialista denunciaba la aparición de diferentes pintadas en la ciudad

    El portavoz del Grupo Municipal del PP valora el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista que ha rechazado  el Juzgado de Instrucción n.º4 de Castellón

    “Con la decisión del Juez y la Fiscalía queda claro que el PP no tuvo nada que ver con las pintadas que aparecieron en diferentes puntos de la provincia de Castellón, incluida la capital”, ha dicho Toledo

    El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, se ha pronunciado hoy ante el archivo por parte del Juzgado de Instrucción nº4 de Castellón de la causa en la que el grupo socialista denunciaba la aparición de diferentes pintadas en la ciudad.

    Toledo ha comentado que “la Justicia ha hablado y ha dejado en evidencia, una vez más,  a los socialistas, ya que han sumado el rechazo a sus pretensiones tanto de Juez, como de la Fiscalía, quienes no ha apreciado ningún delito ni prueba alguna que sostenga el relato del PSOE acusando al Partido Popular de estas pintadas”.

    Toledo ha asegurado que “hoy podemos confirmar lo que ya avanzamos en su día: que no  había ningún motivo para la denuncia y que los socialistas trataron de influir en el resultado de las elecciones con la misma, en un movimiento típico del PSOE. Una denuncia ‘fake’ a la desesperada y ante la cita electoral, para confundir a la opinión pública”.

    “Hoy se ha vuelto a desinflar el enésimo globo sonda de los socialistas. Una nueva campaña de desprestigio con la que pretendían confundir a una opinión pública. Y la Justicia, con la negativa de Juez y Fiscalía, de nuevo les ha vuelto a poner en su sitio, demostrando que todo era mentira y que el PP nunca tuvo nada que ver con las pintadas que aparecieron en diferentes puntos de la provincia de Castellón, incluida la capital”, ha apuntado el concejal.

    Tal y como comentó en su día, Toledo ha recordado que “siempre condenamos cualquier tipo de pintadas. Y en este caso, pese a que no contaba con ningún sustento legal, como se ha demostrado, los socialistas han vuelto a tirarse a la piscina sin comprobar siquiera si había agua”.

    Sergio Toledo ha insistido también en que “desde que llegamos al gobierno de la ciudad, hemos ido eliminando todo tipo de pintadas en nuestra ciudad. También de las que denunciaban los socialistas, sin ningún tipo de distinción, como es lógico”.

  • La Fiscalía Provincial de Castellón abre diligencias de investigación al edil del PP Cristian Ramírez por posible fraude o tráfico de influencias en el caso de las multas presuntamente sin pagar en zona azul

    La Fiscalía Provincial de Castelló ha abierto diligencias de investigación al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de la capital de la Plana, Cristian Ramírez, tras la denuncia presentada el pasado 30 de mayo por el Grupo Municipal Socialista por el caso de las multas en zona azul presuntamente impagadas por el concejal del Partido Popular “por la falta de respuestas de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la inexplicable desaparición de 134 multas que podría no haber abonado el edil de Movilidad”.

    La denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial se centraba en la petición de que se investigue un posible fraude o tráfico de influencias, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen. En el escrito, en este sentido, se solicitaba al fiscal que se ejerciten las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas.

    Para ello, desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló se ha aportado toda la documentación de la que dispone, que incluye la presunta existencia de 134 multas al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, “de las que nada se sabe”. Un total de 134 presuntas sanciones que, “según la información de la que disponemos, existieron, pero que parecen haber desaparecido”, ha señalado la portavoz del PSPV-PSOE, Patricia Puerta.

    Tras esta denuncia, la Fiscalía Provincial de Castellón, con fecha 10 de junio, ha confirmado tanto la entrada de la denuncia como el inicio de diligencias de investigación, pasos previos antes de tomar la decisión de trasladar o no a un juzgado la investigación de “unos hechos que desde el Grupo Municipal Socialista, y sin duda desde gran parte de la ciudadanía, hay que aclarar”· Para Patricia Puerta, “estamos ante un caso que el PP y Vox quieren tapar y creemos que los vecinos y vecinas tienen que saber toda la verdad”. Begoña Carrasco “no ha asumido responsabilidades y se ha limitado a darle un tirón de orejas a su edil, que debería haber sido cesado de su cargo de manera fulminante, lo que nos lleva a pensar en las cosas qué tendrá que tapar el señor Ramírez para que siga de concejal”.

    La denuncia planteada ante la Fiscalía Provincial de Castelló recoge que las sanciones impuestas a Cristian Ramírez, según la aplicación de la zona ORA entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2024, fueron 167, de las que, habría pagado 33. Por tanto, quedarían, cuanto menos, 134 multas sin abonar del periodo indicado (año 2023 hasta el 31 de enero de 2024), de las que, por parte del Grupo Municipal Socialista, se solicitó información en distintas ocasiones y por distintas vías al equipo de gobierno y al propio concejal afectado, sin obtener información clara al respecto.

    Tras esta denuncia en el pleno del 31 de enero, y una vez acabada la sesión plenaria sin respuesta alguna, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, emitió un comunicado en el que se limitó a decir que Cristian Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar, que abonó esa misma tarde del 31 de enero por valor de más de 2.000 euros. Serían sanciones acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos 9 correspondían ya a su periodo como concejal.

    Por otro lado, para insistir en que al concejal de Movilidad no le quedaba pendiente sanción alguna, han aportado un informe elaborado por el responsable del departamento de sanciones de la Zona Azul de Castelló, sobre las multas impuestas al vehículo del concejal Cristian Ramírez”que nos ha generado más intranquilidad si cabe. Un informe que “en ningún momento niega que Cristian Ramírez tenga presuntamente 134 multas sin pagar por aparcar de manera irregular en la ORA”.

    El citado informe, como recalca la portavoz socialista, “solo dice una cosa: que el procedimiento ordinario de las multas que no han sido anuladas por el usuario en periodo reglamentario contempla que las denuncia son remitidas a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Castelló”.

    Por lo tanto, “queda claro que todas las sanciones por infracciones en zona azul se envían a Recaudación, y en el informe no se niega en ningún momento que Cristian Ramírez pueda acumular presuntamente 134 multas sin pagar desde enero de 2023 a enero de 2024, por lo que el señor Ramírez y la señora alcaldesa aún tienen mucho que explicar”.

  • Carrasco se reúne con el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón para reforzar la colaboración institucional

    En el transcurso de la misma se ha abordado la colaboración en materia de seguridad ciudadana, a través de la Policía Local con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la puesta en común de proyectos que afectan a ambas instituciones.

  • La Plataforma “Castelló por la Justícia y contra la Corrupció” inicia un ciclo de tertulias-cenas con personajes de gran valía profesional

    Tomás I Tió desarrolló su carrera judicial en Ibiza, San Sebastian, Elche y València. Hace 30 años creó la Fundación por la Justicia, una organización sin ánimo de lucro que trabaja a favor de los Derechos Humanos y de la justicia social, para lograr una sociedad en paz y más solidaria. Esta entidad ha centrado sus esfuerzos en sensibilizar a la sociedad ante las injusticias que padecen las víctimas de conflictos de toda índole y la vulneración de sus derechos más esenciales. El ámbito geográfico de actuación ha sido tanto España como los países más desfavorecidos de África, el Caribe y el Pacífico.

    Este profesor de Derecho Penal ofreció a los asistentes a la cena en el hotel Jaime I algunos razonamientos jugosos en relación a la elección de los miembros del Poder judicial, a las actuales polémicas alrededor de la amnistía, a la situación política actual respecto a la administración de la justicia, a las resoluciones de la ONU referidas a la expulsión de la carrera profesional del juez Garzón y a las repercusiones sociales y económicas de los casos de corrupción cuantificados en muchos de millones de euros.

    En su charla explicó su tarea como presidente del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, un país al que ha dedicado muchos años y esfuerzos, y contó algunos de los testimonios escalofriantes que allá recogió este organismo. Este profesor, quien ha participado en dos congresos mundiales sobre la Mediación, dirige ahora mismo un proyecto de acceso a la justicia para los miles de refugiados ucranianos residentes en la Comunidad Valenciana, recogiendo de forma oral y reservada testimonios para remitirlos a la Corte Internacional Penal de La Haya, un tribunal que investiga los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia.

  • La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por VOX contra el archivo en el procedimiento dirigido contra Verónica Ruiz por la retirada de la Cruz del Parque Ribalta.

    La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por VOX contra el auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción en el procedimiento dirigido contra Verónica Ruiz por un presunto delito de prevaricación administrativa por la retirada de la Cruz del Parque Ribalta.

    La Audiencia Provincial remite a la jurisdicción contencioso-administrativa la solución de la controversia sobre la retirada de la Cruz del Parque Ribalta.

    La Sala reconoce que, como señalaba VOX en el recurso, “los materiales aportados a finales de 2020 con los que acreditar las manifestaciones y concentraciones de inspiración franquista en torno a la Cruz del parque Ribalta en los últimos cuarenta años pueden ser considerados insuficientes para poder seguir asignando a la Cruz esa connotación que le era propia cuando fue erigida”

    Hay que destacar que la Sala reconoce que, como señalaba VOX en el recurso, “los materiales aportados a finales de 2020 con los que acreditar las manifestaciones y concentraciones de inspiración franquista en torno a la Cruz del parque Ribalta en los últimos cuarenta años pueden ser considerados insuficientes para poder seguir asignando a la Cruz esa connotación que le era propia cuando fue erigida”, así como que existe jurisprudencia reiterada invocada por VOX, que considera que las antiguas Cruces erigidas a los caídos son conformes a la legalidad vigente y pueden mantenerse si no conservan la simbología originaria.

    No obstante, el Auto entiende que el pronunciamiento definitivo sobre el ajuste a la legalidad de la retirada de la Cruz corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde se tramita el recurso interpuesto en su día por VOX, que en la actualidad se encuentra en fase de práctica de pruebas.

    En definitiva, como ha señalado Cristóbal Caballero, responsable jurídico de VOX, “aunque la Audiencia Provincial no aprecie trascendencia penal en la conducta de la concejal investigada, ha reconocido la debilidad de la fundamentación esgrimida en el momento de acordarse la retirada de la Cruz, y la cuestión será resuelta definitivamente en la vía contencioso-administrativa”.